El oficialismo consiguió este miércoles la aprobación en general del Presupuesto 2026 tras un extenso debate en la Cámara de Diputados. La discusión en particular continuará durante las próximas horas y algunos artículos podrían no prosperar, en especial el 75, que propone dejar sin efecto la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Una vez superada esta instancia, el texto con media sanción será girado al Senado, donde La Libertad Avanza buscará convertirlo en ley antes de fin de año. Se trata del primer presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años en los que se gobernó con prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023.
Durante la sesión, el oficialismo logró reunir apoyos clave. La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca —alineados con el gobernador Raúl Jalil—, los tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo, los siete diputados de Innovación Federal de Salta y Misiones, la representante de La Neuquinidad cercana a Rolando Figueroa, un diputado de Por Santa Cruz vinculado a Claudio Vidal y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo del gobernador Marcelo Orrego.
En la vereda opuesta, los bloques del peronismo, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra del proyecto. Provincias Unidas se inclinó por la abstención, aunque tuvo un papel decisivo al inicio del debate: Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados cordobeses facilitaron el quórum necesario para abrir la sesión.
El plan de gastos e ingresos presentado por el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio que rondaría los $1.423 en diciembre de 2026. Según el Ejecutivo, el superávit primario alcanzaría el 1,5% del PBI y el financiero el 0,2%. También se prevé un aumento de las exportaciones del 10,6% y se eliminan las metas de financiamiento mínimo en áreas como educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron estas proyecciones y advirtieron que no resultan realistas, señalando que el dólar cerraría el año próximo por debajo del valor actual.
El foco principal de las críticas estuvo puesto en el artículo 75, que impulsa la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Ese punto detonó una controversia inicial: el oficialismo propuso que la votación en particular se realice por títulos completos, que agrupan varios artículos, con el objetivo de evitar que aliados se desmarquen en ese aspecto central.
La oposición rechazó esa modalidad y exigió una votación nominal artículo por artículo para que el contenido del artículo 75 no quedara diluido junto a otros temas como subsidios al gas, deudas de Cammesa o la actualización de prestaciones por discapacidad. “Votar por títulos nos impediría expresarnos con claridad. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, cuestionó Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Pese a las protestas, el oficialismo logró imponer su criterio con 130 votos a favor y 112 en contra.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, fue el primer referente libertario en defender el proyecto. Argumentó que para reducir impuestos es imprescindible achicar el gasto público y sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”. En ese sentido, remarcó que el gobierno de Milei mantuvo el equilibrio fiscal aun sin contar con un presupuesto aprobado. También rechazó la idea de que el ajuste sea incompatible con la contención social y afirmó que “bajar el gasto del Estado es contención social”.
Desde el peronismo, las críticas fueron contundentes. Aseguraron que el Presupuesto “implica más ajuste, caída del consumo y destrucción del entramado industrial”. Agustín Rossi cuestionó cómo se pretende reactivar la economía sin impulsar el consumo y alertó sobre el aumento de la desigualdad. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó al proyecto como “injusto, ilusorio y ficticio” y advirtió que subestima la inflación real que seguirán afrontando los argentinos.
En paralelo, el Gobierno reforzó en las últimas semanas el vínculo con gobernadores aliados mediante Aportes del Tesoro Nacional. El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones entre Tucumán, Misiones y Chaco, y también puso sobre la mesa la posible reforma de la Ley de Glaciares para atraer a provincias del sur interesadas en ampliar la actividad minera.
Sobre el cierre de la jornada, Santilli se comprometió además a incluir en el Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Ese punto había sido la principal objeción del PRO al dictamen de mayoría. Durante la tarde, el ministro mantuvo reuniones contrarreloj en los pasillos del Congreso para asegurar respaldos, especialmente en torno al polémico artículo 75. “Están haciendo un plan canje”, ironizó un aliado oficialista.
Minutos antes de la votación, Benegas Lynch anunció dos cambios al texto: la incorporación de la coparticipación de CABA y un incremento del financiamiento para el Poder Judicial dentro del capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. La maniobra generó malestar en el PRO. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, cuestionó la decisión y sostuvo que “por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no en el capítulo 11”, aunque confirmó que el espacio votaría a favor tanto en general como en particular.
En el bloque amarillo interpretaron que el movimiento buscó forzar el respaldo de diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi y Álvaro González, integrantes del mismo interbloque. Desde la oposición, el tono fue aún más duro: el titular del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de maniobrar para blindar el financiamiento judicial y lanzó una fuerte crítica al señalar que se trataba de una estrategia para evitar impugnaciones. “Son unos chantas”, disparó.
