La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en España, condenó a Rafa Mir, actual futbolista de Elche CF, a siete años de prisión por un delito de agresión sexual y a otros 18 meses por lesiones. La denuncia que dio origen al proceso judicial señala que los hechos ocurrieron durante la noche del 31 de agosto de 2024.
La resolución judicial se conoció este lunes y establece que el exjugador de Valencia CF deberá cumplir una pena total de ocho años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y lesiones cometidos contra una joven. La información fue difundida mediante un comunicado publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en sus canales oficiales.
En el mismo fallo, el Tribunal también condenó a un segundo acusado, el futbolista Pablo Jara. Según detalló la sentencia, deberá cumplir dos años y medio de prisión: dos años por un delito de agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral.
La resolución, que fue notificada este lunes a todas las partes involucradas y que todavía no se encuentra firme, también fija indemnizaciones económicas para las denunciantes. En el caso de la víctima de Mir, la compensación asciende a 64.000 euros, mientras que la denunciante vinculada al segundo acusado recibirá 6.280 euros.
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado para Mir una condena de diez años y medio de prisión.
Tras conocerse la decisión judicial, el actual jugador del Elche se manifestó a través de sus redes sociales. “No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia”, expresó.
El proceso contra Mir y Jara había comenzado el pasado 28 de mayo, a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2024, pocas semanas después de la llegada del delantero al Valencia CF.
El 3 de septiembre de 2024, Mir fue detenido por la Guardia Civil. Sin embargo, al día siguiente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 8 de Llíria dispuso su libertad con cargos. Como parte de las medidas cautelares adoptadas en ese momento, se le retiró el pasaporte, se le prohibió salir del territorio nacional y se le impuso una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la denunciante, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella.
