Cuatro integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Corrientes fueron condenados a 10 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Lautaro Alexander Rosé, un joven de 18 años que murió ahogado en el río Paraná en medio de una persecución policial ocurrida en noviembre de 2021.
Según informó el Poder Judicial provincial, el fallo fue dictado por el Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes, que encontró culpables a los policías Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.
Hasta que la sentencia quede firme, el Tribunal dispuso que los condenados deberán cumplir ciertas medidas de conducta, como fijar domicilio, presentarse mensualmente ante la Justicia y no salir de la provincia sin autorización.
El hecho se remonta a la madrugada del 8 de noviembre de 2021. En ese momento, la víctima se encontraba junto a su amigo Ismael Meza en la zona de la Costanera, donde se desarrollaban festejos por el Día del Empleado Municipal. Tras registrarse incidentes y peleas, un grupo de policías fue enviado al lugar.
La llegada de los efectivos del GIR provocó la dispersión de las personas presentes, entre ellas los dos jóvenes, que comenzaron a huir y fueron perseguidos. Durante la fuga, se dirigieron hacia la playa Arazaty, escalaron el alambrado del Club Boca Unidos y llegaron a un sector de barrancas y escombros.
En ese punto, al ser nuevamente alcanzados por los policías, recibieron disparos con postas de goma, lo que los llevó a arrojarse al río. Lautaro, que no sabía nadar, pidió ayuda en reiteradas ocasiones. Su amigo también solicitó auxilio, pero los agentes continuaron disparando y alumbrando con linternas hacia el agua.
Meza logró salir a la orilla, donde fue golpeado por los efectivos y amenazado para que no relatara lo ocurrido. Luego fue entregado a otra patrulla, aunque los responsables de la comisaría se negaron a recibirlo sin un acta y un examen médico por las lesiones que presentaba. Finalmente, recuperó la libertad.
En el lugar donde desapareció Lautaro se hallaron sus zapatillas y cartuchos de postas antitumultos, elementos que fueron incorporados como prueba del accionar policial. Su muerte derivó en reiteradas manifestaciones de familiares y allegados, que durante más de cuatro años reclamaron justicia.
El proceso judicial estuvo rodeado de polémica, ya que el fiscal Carlos Lértora decidió no acusar a los seis policías imputados, lo que derivó en la absolución de dos de ellos por los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese marco, el Tribunal absolvió al agente Juan Daniel Aveiro del delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte al considerar que no había pruebas suficientes en su contra.
También fue absuelto Vicente Manuel Pruyas Suárez, quien estaba acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el mismo motivo.
Además, la Justicia indicó que los propios condenados también fueron desligados de los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de acusación por parte del fiscal.
Durante el juicio, la querella —representada por el abogado Hermindo González— había solicitado penas de 20 años de prisión para los cuatro agentes finalmente condenados, además de requerir su detención inmediata.
El letrado sostuvo que la decisión del fiscal de no acusar limitó la posibilidad de que los policías fueran condenados por otros delitos y advirtió que, sin la intervención de la familia como querellante, el caso podría haber quedado impune.
Por último, se informó que los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 27 de marzo.
