El enfermero acusado de comercializar ampollas de fentanilo y otros medicamentos mediante una aplicación de mensajería fue condenado en las últimas horas a cinco años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. El fallo alcanzó a Julio Santiago Santillán, detenido en marzo junto a su hermano, luego de comprobarse durante el juicio que vendía drogas sujetas a prescripción médica mientras cubría una licencia en un hospital público de la ciudad entrerriana.
Además de la pena de prisión, la Justicia le impuso una multa superior a los cinco millones de pesos, la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos vinculados a la salud y la prohibición permanente de desempeñar tareas relacionadas con el manejo de psicofármacos tanto en el sector público como en el privado. También se ordenó el decomiso del teléfono celular utilizado por el condenado para concretar las transacciones.
La investigación contra Santillán se inició a partir de una denuncia anónima recibida el 18 de febrero por la delegación local de la Policía Federal Argentina. En esa presentación se aportó la identidad del sospechoso y se indicó que trabajaba en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza. Asimismo, se detalló el medio que utilizaba para la venta de los medicamentos: redes sociales, específicamente la aplicación Telegram.
A partir de esa información, la fiscalía federal de Concepción del Uruguay dispuso tareas de vigilancia y recolección de pruebas sobre el acusado. En los primeros días de seguimiento, efectivos de la Policía Federal detectaron la actividad de Santillán en dos grupos abiertos de Telegram denominados “Los más rico cdelu” y “Entre Ríos”. En ambos espacios ofrecía ampollas de fentanilo, comprimidos de risperidona, carbamazepina y lorazepam, todos medicamentos reservados a tratamientos médicos bajo estricto control.
El enfermero publicaba imágenes de los envases, listas de precios y mensajes con indicaciones para adquirir los fármacos por unidad o al por mayor. Su perfil digital detallaba disponibilidad, formas de entrega y medios de pago, lo que permitió a los investigadores constatar la continuidad y el volumen de las ventas.
Como parte de la pesquisa, la fiscalía incorporó a un agente encubierto con identidad ficticia dentro de los grupos de Telegram. El efectivo simuló ser comprador y, tras numerosos intercambios de mensajes, acordó la adquisición de ampollas de fentanilo con el acusado.
Los diálogos con el agente revelador posibilitaron reconstruir el modus operandi: Santillán describía las propiedades del fentanilo, destacaba su potencia y efectos, y aclaraba que se trataba de producto de laboratorio y no adulterado. Incluso precisaba dosis recomendadas y advertía sobre riesgos, brindando información sobre dependencias y destinos de cada entrega.
La primera compra controlada, con registro fotográfico y vigilancia a distancia, se realizó el 11 de marzo en una esquina céntrica de Concepción del Uruguay. El enfermero, que se movilizaba en bicicleta, entregó cuatro ampollas de fentanilo al agente encubierto a cambio de 55.000 pesos en efectivo.
Impulsado por ese negocio, Santillán propuso luego una operación de mayor volumen: ofreció 30 ampollas de fentanilo por un millón de pesos, evidenciando que disponía de una cantidad significativa de droga sustraída del hospital público. El 20 de marzo se concretó una segunda compra pactada, tras la cual fue detenido en el momento, con 34 ampollas en su poder y diversas cajas de psicofármacos.
En procedimientos posteriores se realizaron allanamientos en domicilios vinculados y en dependencias hospitalarias. Allí se secuestraron 24 ampollas de fentanilo almacenadas en un táper, además de otras dosis en bolsos personales y numerosos blísteres de medicación psiquiátrica.
Al inicio de la causa, Santillán confesó que, por dificultades económicas, comenzó a retirar una ampolla de fentanilo en cada guardia que cubría como suplente hasta reunir un stock que luego vendía por Telegram. También declaró que guardaba las drogas en el antebaño de la Unidad de Terapia Intensiva para evitar ser detectado por sus compañeros.
El tribunal consideró probado que utilizó su acceso a medicamentos restringidos violando controles y normas internas del hospital, incumplió los deberes de funcionario público y se valió de una infraestructura estatal para obtener beneficios personales mediante el desvío de estupefacientes y psicofármacos.
El fallo remarcó la gravedad del accionar, teniendo en cuenta la función de custodia y administración de insumos que tenía asignada y el riesgo potencial para la salud pública generado por el desvío de medicamentos de alto impacto. En ese sentido, los jueces sostuvieron que la reiteración de las conductas y la organización para la venta justificaban la inhabilitación perpetua para tareas vinculadas al manejo de drogas y fármacos sujetos a control.
