La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció formalmente ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a la obra social Unión Personal, dependiente del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Según el gremio, la mutual estaría cobrando co-seguros “ilegales” a empleados estatales y restringiendo prestaciones a quienes no pertenecen a UPCN.
Desde ATE remarcaron que estas prácticas implican una “discriminación” en el acceso a la atención médica, ya que se aplicarían tarifas diferenciadas en prestaciones contempladas dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). De acuerdo con la denuncia, estas medidas estarían “cercenando el derecho a la salud” de los trabajadores al imponer costos “exorbitantes”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente a la conducción de la obra social. “La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero destruyen los salarios de los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”, expresó.
Aguiar también afirmó que existe una “extorsión comprobada” que requiere investigación. En ese sentido, advirtió que, de no avanzar el proceso, la Superintendencia de Servicios de Salud podría ser considerada “cómplice” de este accionar “discriminatorio y manifiestamente ilegal”.
El dirigente sostuvo además que la cúpula de UPCN estaría utilizando a la obra social como herramienta para intentar frenar “de manera desesperada” las desafiliaciones masivas que el sindicato enfrenta en los últimos meses, situación que, según él, se da en un contexto de “silencio cómplice” que lleva ya 19 meses.
Aguiar también vinculó esta situación con la política nacional, asegurando que la conducción de UPCN “avala” la gestión del presidente Javier Milei, a quien acusó de agredir sistemáticamente al empleo público y de impulsar el desmantelamiento de áreas estatales.
“Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados”, concluyó el líder de ATE.
