La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A. y sus autoridades tras una investigación que, según indicó el organismo, detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrarse en los delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada. La firma ya había sido allanada la semana pasada en el marco de la pesquisa por el presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La presentación fue realizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva (DGI). La letrada elevó el caso a la Fiscalía para dejar asentados hechos detectados en la Orden de Intervención n.º 2.240.439, iniciada el 25 de abril de 2024, cuando la empresa estaba inscripta bajo el nombre NEBLOCKCHAIN S.A., denominación que cambió el 30 de agosto de 2024 por Sur Finanzas PSP S.A.
En su escrito, Cionci detalló: “Vengo a poner en conocimiento la presencia de hechos de ribete delictual que ameritan la promoción de la presente acción judicial”. También señaló que la actividad de la compañía cobró mayor relevancia desde noviembre de 2023, cuando se intensificó su operatoria en la plataforma digital de pagos, incorporando servicios de billetera electrónica para comercios, cobros con QR, links de pago y otros mecanismos de procesamiento.
Sur Finanzas PSP S.A. figura en el registro de proveedores de servicios de pago del Banco Central de la República Argentina. Respecto de su funcionamiento interno, ARCA citó una respuesta presentada por la empresa en sede administrativa, donde se indicó que el personal se dedicaba a tareas comerciales y a la autorización de pagos a proveedores, mientras que la liquidación de impuestos quedaba en manos de su estudio contable, con pagos efectuados por los directores.
Durante la fiscalización, ARCA sostuvo que detectó transferencias millonarias realizadas por clientes que “no tienen capacidad operativa, económica y/o financiera para realizar operaciones de esa magnitud”. En la denuncia, se planteó que la firma podría haber actuado “en connivencia con terceros que se esconden tras el velo de sujetos apócrifos, no categorizados o adheridos al régimen simplificado, sin capacidad económica para movilizar los montos detectados”.
La investigación pasó luego a la División Gestión de Riesgo de la Seguridad Social (DE ARGF) y más tarde a la División Investigación de la Dirección Regional Sur, que realizó cruces de datos conforme a la RG 4614/2019 y la IG 1041/19, sobre detección de facturación apócrifa y relevamientos en domicilios fiscales. Según ARCA, se detectaron inconsistencias “entre los movimientos declarados, la realidad patrimonial, los consumos, bienes registrables y la capacidad económica de los sujetos que operan en la plataforma”.
Como parte de la prueba documental, se adjuntaron un Informe Final de Investigación y archivos con análisis de billeteras virtuales, sujetos no categorizados, contribuyentes de la base e-Apoc (no confiables) y monotributistas. ARCA calculó que los movimientos operados mediante billeteras asociadas a Sur Finanzas PSP S.A. alcanzaron los $818.000.000.000 durante el período examinado.
Del total relevado, el 31% de las operaciones fue realizado por sujetos no categorizados, el 27% por monotributistas con muy baja capacidad económica y el 9% correspondió a contribuyentes incorporados a la base e-Apoc por apocrificidad o falta de confiabilidad. Solo en 2024, estos grupos movilizaron $471 mil millones, de los cuales el 86% se concentró en cuentas que superaban individualmente los $1.000 millones. Además, el 9% de las acreditaciones y débitos investigados correspondió a empresas no confiables, que realizaron movimientos por $72.342.312.476. Entre enero y abril de 2025, 26 firmas incluidas en esa base movieron cerca de $35 mil millones a través de billeteras virtuales administradas por la compañía denunciada.
Asimismo, ARCA señaló irregularidades en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, regulado por el Decreto 301/2021, que establece una alícuota de 6‰ para créditos y 6‰ para débitos en ciertas operatorias de los proveedores de servicios de pago. Según el organismo, se identificaron operaciones con personas jurídicas entre septiembre de 2023 y abril de 2025 por un total de $277.272.253.994. Aplicando las alícuotas correspondientes —sin considerar posibles exenciones—, se determinó una diferencia presunta a ingresar de $3.327.267.047,93.
La denuncia sostuvo que la empresa no aplicó las detracciones correspondientes en esas operaciones. También se remarcó que los beneficios de exención subjetiva vigentes para personas humanas y monotributistas —según la RG 3900/2016— no abarcan a sociedades ni a transacciones con sujetos apócrifos, lo que, de acuerdo con ARCA, podría indicar la interposición de terceros para ocultar a los verdaderos obligados tributarios.
