La empresa estadounidense del sector eléctrico AES Corporation presentó una demanda contra la Argentina en una corte de Washington con el objetivo de que se reconozca un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (CIADI), por el cual el país fue condenado a pagar USD 732 millones. La compañía también solicitó autorización para ejecutar esa sentencia en territorio estadounidense.
La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien explicó que el pedido se refiere a la ejecución de un fallo adverso emitido en mayo por el CIADI. AES, en realidad, reclamaba un monto de USD 1.814 millones, cifra que con intereses podría haber alcanzado los USD 2.500 millones.
El origen del juicio se remonta a la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Tras la salida de la convertibilidad a fines de 2001, Argentina modificó de forma unilateral las condiciones de los contratos, que preveían ingresos en dólares, generando así pérdidas para los concesionarios.
AES formalizó su reclamo ante el CIADI el 19 de diciembre de 2002, menos de un año después de la pesificación, tras considerar agotadas las instancias judiciales locales. Lo hizo en base al Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1991, que habilita a dicho tribunal, dependiente del Banco Mundial, como instancia final para resolver controversias de este tipo.
Sobre el futuro del proceso en Estados Unidos, Maril explicó: “En el momento en el cual la Corte otorgue el reconocimiento, Argentina va a apelar utilizando argumentos que hoy desconocemos. Es decir, va a utilizar la misma estrategia de siempre. Pueden pasar varios años hasta que se concrete la ejecución porque se tienen que identificar activos para embargar, pedir el activo para embargar y autorizar el embargo”.
Además, el analista consideró que la maniobra legal podría derivar en una negociación política y financiera: “Todo esto está hecho para que Argentina se siente a negociar. Y yo no descarto que el presidente Milei, cuando busque privatizar esas energéticas o las reservas de Alicurá, las dé como parte de pago o como pago”.
La condena a Argentina por parte del CIADI no es un caso aislado. En el tribunal internacional se tramitan actualmente otros seis juicios que, junto al de AES, suman alrededor de USD 1.500 millones en reclamos.
Entre ellos se encuentra el caso de BA Desarrollos LLC, por USD 58,3 millones, relacionado con la escrituración de terrenos del proyecto Catalinas Norte II. También sigue abierto el expediente de Abertis Infraestructuras, que reclama USD 295,7 millones por la anulación judicial de los contratos de concesión vial de AUSOL y GCO.
Por su parte, IJM Corporation Berhad, de origen malayo, exige USD 51,1 millones por la afectación del régimen tarifario de la concesión de GCO, y Webuild (ex Salini Impregilo) ya obtuvo un laudo en abril de 2025 que le otorgó una indemnización total de USD 152,6 millones por la pérdida de participación en la concesionaria Puentes del Litoral S.A.
El expediente de Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. aún espera sentencia. La compañía reclama USD 157 millones por la eliminación del sistema de capitalización de las AFJP. Las audiencias ya se realizaron.
Por último, Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft recibieron un laudo favorable en noviembre de 2021 por USD 21,6 millones tras la revocación de la licencia de juegos de azar de ENJASA en Salta. Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión por un pedido de anulación del laudo.
Respecto a todos estos procesos, Maril fue categórico: “Ninguno está tan avanzado como para que haya una sentencia firme cerca. El CIADI es muy lento y no creo que haya un fallo tan inminente”.
