El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta absolvió al exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, en el marco de una causa que investigaba el robo y contrabando de rieles pertenecientes al Ferrocarril Belgrano Cargas. La decisión se basó en la falta de pruebas concluyentes que acreditaran su responsabilidad en los hechos.
En contraste, en el mismo expediente fue condenado el policía Mauro Rodríguez, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser considerado culpable del delito de cohecho pasivo. También se le impuso la prohibición de residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.
El fallo fue emitido por los jueces Domingo Batule, en calidad de presidente del tribunal, junto a Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. Durante el proceso intervino el fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, con la asistencia de la auxiliar Roxana Gual.
La investigación se había iniciado en agosto de 2024 con el objetivo de desarticular una estructura dedicada al robo y traslado ilegal de material ferroviario. Tras la audiencia de control de acusación realizada el 12 de diciembre de 2025, el juicio oral comenzó el 4 de marzo de 2026.
De acuerdo con la causa, la Justicia logró identificar una organización que operaba en el chaco salteño y trasladaba rieles hacia Bolivia, generando ganancias estimadas en 25 millones de pesos diarios.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe necesario en delitos de contrabando agravado —por la cantidad de involucrados, su rol como funcionario público y el valor de la mercadería—, en concurso con robo agravado y malversación de fondos públicos.
La fiscalía argumentó que se trataba de un “delito de poder” y sostuvo que en Morillo “no se movía un alfiler” sin el conocimiento del entonces intendente. Sin embargo, el tribunal concluyó que la evidencia reunida no logró superar el estándar de duda razonable, por lo que resolvió absolverlo.
En el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante juicios abreviados para otros implicados. Entre ellos, Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, quien fue sentenciado a seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, cohecho activo y robo agravado.
También fue condenado el comerciante David Medina a la misma pena, junto con una inhabilitación para ejercer el comercio durante cinco años. Por su parte, el cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por cohecho pasivo.
La investigación se originó a partir de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de origen presuntamente ilegal. A partir de ese dato se logró identificar a Medina, quien administraba un galpón en Orán. Las tareas de inteligencia, que incluyeron escuchas telefónicas, permitieron detectar la ampliación del negocio hacia el tráfico de material ferroso y vincularlo con el hijo del ex intendente.
Según la acusación, este último coordinaba la sustracción de rieles y su transporte por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a miembros de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.
El esquema delictivo contemplaba la extracción de rieles, su traslado en camiones y su paso hacia Bolivia a través del río Bermejo. Testimonios incorporados al debate indicaron que la actividad generaba ingresos diarios millonarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno con cargas de entre 30 y 31 toneladas.
En cuanto a las pruebas contra Gerala, la fiscalía mencionó el hallazgo de 15 rieles en su domicilio, herramientas de corte y una camioneta blanca que utilizaba su hijo. Además, durante un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano, se secuestraron dos camiones cargados con rieles sustraídos. Uno de los choferes indicó que actuaba por encargo del ex intendente e incluso intentó contactarlo telefónicamente en ese momento.
Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, rechazó la imputación contra Gerala, aunque admitió la responsabilidad de su hijo. Argumentó que las herramientas secuestradas no coincidían con las utilizadas en los robos y que los rieles hallados en la propiedad estaban allí desde antes de su adquisición. También sostuvo que no existían pruebas directas que lo vincularan con los otros condenados y que el número telefónico del ex intendente fue agregado por el chofer con posterioridad a los hechos.
El juez Batule valoró la decisión del Ministerio Público Fiscal de llevar el caso a juicio, pero consideró que las pruebas contra el ex jefe comunal no alcanzaron la solidez necesaria para demostrar su participación. Señaló que la presencia de rieles en su domicilio no constituía un indicio determinante, que las herramientas no coincidían con las usadas en los ilícitos y que la camioneta, aunque de su propiedad, no probaba conocimiento sobre su uso.
En relación a Rodríguez, el tribunal destacó como pruebas clave los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se consideró su rol como jefe del destacamento, ya que no recibía denuncias vinculadas a estos hechos ni impulsaba investigaciones.
Además, se acreditó que ejercía conductas intimidatorias contra pobladores de comunidades originarias vinculadas a las denuncias, incluyendo amenazas de iniciar causas penales.
Por último, dos camioneros imputados accedieron a la suspensión de juicio a prueba. Como parte del acuerdo, deberán realizar aportes económicos al hospital público de General Mosconi y cumplir tareas comunitarias durante un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 mientras transportaban rieles robados por la ruta provincial 53, en la zona de Padre Lozano.
