La Cámara del Crimen de Cruz del Eje resolvió absolver a cuatro jóvenes que estaban acusados de una supuesta violación grupal ocurrida en Bialet Massé, y al mismo tiempo ordenó investigar a la denunciante por la posible comisión de una falsa denuncia. La decisión se conoció este viernes en los tribunales locales, tras un proceso judicial que se extendió durante un año y medio e incluyó la detención prolongada del único imputado mayor de edad.
El fallo fue firmado por el juez Javier Rojo, quien dejó sin efecto las acusaciones presentadas en 2024 por una adolescente. De acuerdo a lo informado por medios locales, los imputados por abuso sexual agravado eran tres menores —que atravesaron gran parte del proceso en libertad tras haber estado varias semanas en el Complejo Esperanza— y Martiniano Correcher, de 18 años. Este último permaneció detenido durante un año y medio en la cárcel de Cruz del Eje.
La absolución implicó además un cambio significativo en el rumbo de la causa. A partir de ahora, la Justicia avanzará en una investigación para determinar si existió una acusación falsa por parte de la joven que dio origen al expediente.
Según el tribunal, la adolescente —de 16 años al momento de los hechos— habría incurrido en reiteradas contradicciones. La denuncia había sido realizada luego de una salida a un boliche en Villa Carlos Paz durante la madrugada del 9 de junio de 2024. Sin embargo, para los jueces, su relato no se sostuvo a lo largo del proceso, incluso durante las audiencias.
En ese sentido, el abogado defensor Carlos María Cardeilhac sostuvo que “se ha comprobado en el juicio y en la investigación que la denunciante ha mentido descaradamente desde el inicio de la causa”. Esta apreciación fue citada en la sentencia, que además dispuso la apertura de una investigación formal sobre el accionar de la joven.
El fallo también puso bajo análisis el trabajo de una perito oficial que había elaborado una pericia psicológica clave durante la etapa inicial de instrucción, bajo la órbita de la fiscal Paula Kelm, con sede en Cosquín.
Desde la defensa cuestionaron con dureza ese informe pericial, al que calificaron como “delictivo”. A raíz de esto, el tribunal ordenó abrir una causa para evaluar si la actuación de la profesional se ajustó a los procedimientos adecuados dentro de la investigación penal.
